La reforma aprobada casi por unanimidad modifica la Ordenanza 7244. Establece mayores exigencias para el ingreso y la permanencia de empleados y funcionarios, incluyendo controles aleatorios de adicciones y la obligación de declarar causas judiciales.
El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba aprobó este jueves una modificación sustancial a la Ordenanza 7244 (Estatuto del Personal Municipal) impulsada por el intendente Daniel Passerini. La iniciativa, que contó con una votación casi unánime —registrando únicamente el voto en contra de la concejala Cintia Frencia (FIT)—, endurece las condiciones de ingreso y suma controles de permanencia periódicos para la totalidad del personal de planta permanente, contratados, no permanentes y funcionarios de planta política. El debate cobró especial relevancia tras ponerse en foco las fallas de control registradas tras el reciente caso del femicida Claudio Barrelier, quien se desempeñaba como becario en el esquema municipal.
Entre las principales disposiciones, la normativa exige la presentación anual de certificados de antecedentes penales y contravencionales expedidos por la Policía de Córdoba, el Registro Nacional de Reincidencia, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y el Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual. Asimismo, se incorpora la obligación de acreditar estudios con resultados negativos en metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales, sumado a la facultad del Ejecutivo de ejecutar controles de consumo aleatorios o focalizados en áreas operativas sensibles. Por otra parte, los trabajadores tendrán el deber de notificar cualquier imputación penal formal o medida procesal en su contra (bajo apercibimiento de sanciones administrativas), mientras que el Municipio contará con un plazo de 30 días administrativos para reglamentar la aplicación del nuevo régimen.
