Un subayudante del Servicio Penitenciario de Córdoba y un interno del penal de Bouwer fueron imputados por cohecho. La investigación judicial secuestró más de $1,2 millones en efectivo y cinco teléfonos Samsung sin tarjetas SIM.
Un agente del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) y un interno alojado en la cárcel de Bouwer fueron detenidos e imputados tras descubrirse una maniobra de corrupción para ingresar dispositivos de telefonía móvil al establecimiento penitenciario. La medida fue ordenada por la Fiscalía Anticorrupción de Córdoba, a cargo de Franco Mondino, que imputó al subayudante Luciano Rafael Brito por el delito de cohecho pasivo, mientras que al preso Nicolás Kademian se le atribuyó el delito de cohecho activo. La maniobra se desbarató a partir de los controles internos de seguridad realizados en el Complejo Penitenciario Nº 1 «Reverendo Padre Luchesse».
De acuerdo a la hipótesis de la causa, Brito habría retirado previamente los cinco celulares de marca Samsung (sin tarjetas SIM ni memorias) de manos de desconocidos en las inmediaciones de la rotonda Las Flores, en el sur de la capital cordobesa. Posteriormente, el pasado 19 de octubre, el penitenciario ingresó los aparatos al módulo MX1 y se los entregó a Kademian a cambio de un pago pactado en torno a $1.000.000, recibiendo en el lugar una suma de $510.000 en efectivo como saldo restante. Durante los procedimientos judiciales, los investigadores secuestraron un total de $1.221.250 en efectivo que el guardiacárcel conservaba en su automóvil personal. Desde el Servicio Penitenciario provincial remarcaron que el organismo «no tolerará actos de corrupción» que atenten contra la seguridad y la función institucional.
