Tras ser apartado de su cargo por el Senado tras ser hallado culpable de mal desempeño, el expresidente permanece bajo prisión preventiva imputado como autor de administración en provecho propio e instigador de lesión de confianza por el desvío de fondos públicos hacia la entidad financiera donde poseía acciones.
La crisis política e institutional en Paraguay alcanzó un punto de máxima tensión tras la destitución del presidente Santiago Peña, quien ahora enfrenta un escenario judicial donde la Fiscalía estimó una expectativa de pena de hasta 15 años de prisión. Peña, de 47 años y quien asumiera la presidencia en 2023, fue removido de su cargo por el Senado al declararlo culpable de «mal desempeño de sus funciones» a raíz del escándalo derivado de la intervención estatal de Ueno bank. La Fiscalía confirmó que el exmandatario se encuentra alojado en el Regimiento Guardia Presidencial cumpliendo la prisión preventiva decretada por el juez de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú.
La imputación penal impulsada por los fiscales Verónica Valdez y Francisco Cabrera sostiene que Peña habría intervenido directamente para colocar, renovar y sostener millonarias sumas de dinero provenientes de organismos estatales y cajas previsionales en Ueno bank, entidad ligada al conglomerado Ueno Holding/Grupo Vázquez, donde el exjefe de Estado mantenía participación accionaria, bonos y certificados de depósito. Por la causa también están imputadas otras 27 personas, entre ellas ocho exdirectivos que enfrentan expectativas de pena de hasta 12 años de cárcel, en el marco de una investigación que destapó un severo colapso financiero y corporativo en el vecino país.
