Por primera vez en sus 80 años de historia, la Corte Internacional de Justicia determinó que un Estado incurrió en genocidio, en referencia a la campaña militar de 2017 en Rakáin que dejó unos 10.000 muertos y desplazó a cerca de 750.000 personas. El fallo ordena el retorno seguro de los refugiados y prevé indemnizaciones.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, emitió este jueves un veredicto sin precedentes en sus 80 años de trayectoria al concluir que Birmania cometió genocidio contra la minoría musulmana rohinyá en el norte del estado de Rakáin. El presidente del tribunal, Yuji Iwasawa, sostuvo que la represión desatada en 2017 violó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, tras documentar la muerte de unas 10.000 personas, violencias sexuales generalizadas contra mujeres, violencia extrema hacia niños y la destrucción sistemática de aldeas para reemplazar a su población. El fallo determinó que la intención de destruir al grupo fue la única deducción razonable a partir de las pruebas expuestas.
Además de calificar los hechos como genocidio, la CIJ ordenó a Birmania investigar y sancionar a los responsables, dispuso el pago de indemnizaciones —cuyo monto se definirá en una instancia posterior— y exigió garantizar el retorno voluntario, seguro y digno de los cerca de 750.000 refugiados que huyeron hacia Bangladésh, donde muchos desplazados en el campamento de Cox’s Bazar siguieron la sentencia con emoción. Aunque el pronunciamiento es vinculante e inapelable, el tribunal carece de mecanismos coercitivos propios para imponer su cumplimiento, por lo que su impacto inmediato recae en la presión política e internacional sobre el régimen liderado por Min Aung Hlaing, mientras figuras como el secretario general de la ONU, António Guterres, y el alto comisionado Volker Türk destacaron el alcance histórico del fallo.
