El crimen de Rocío Belén Gómez en Santa María de Punilla se convirtió en el quinto femicidio registrado en la provincia en lo que va del año. El hecho encendió nuevamente las alarmas sobre la efectividad de las medidas judiciales de protección, dado que el agresor cumplía una condena en la modalidad de prisión domiciliaria por haber atacado previamente a la misma víctima.
La madrugada del lunes sumó un desgarrador capítulo a las estadísticas de violencia de género en la provincia. La Policía de Córdoba detuvo a Maximiliano Braudaco, de 40 años, imputado por el asesinato de su expareja, Rocío Belén Gómez, de 26 años y madre de tres niñas. El ataque ocurrió en Santa María de Punilla y la investigación quedó a cargo de la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, bajo la carátula de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Braudaco registraba una condena de dos años y seis meses dictada en 2025 por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje por amenazas y coacción contra Rocío, beneficio que violó para concretar el ataque.
El caso de Punilla expone un patrón que se repite en la provincia: tres de los cinco agresores involucrados en femicidios durante 2026 contaban con antecedentes penales o causas abiertas por violencia machista. En Morteros, el pasado 29 de junio, Juan Galván (46) asesinó a Natalia Delso (38) y luego se quitó la vida, habiendo recuperado la libertad poco tiempo antes tras cumplir una condena por agredir a otra expareja. Un escenario similar rodeó el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en Ampliación Ferreyra; el principal imputado, Claudio Barrelier, había sido liberado condicionalmente en una causa paralela por el secuestro de otra mujer.
El registro de crímenes de género en la provincia durante el año comprende además el femicidio de Delfina Aimino (22) el 1 de enero en Villa María, el de Iris Blanco (33) el 3 de enero en Pilar, y el transfemicidio de Vica Monteros, integrante del colectivo LGBTIQ+, ocurrido el 12 de abril en barrio Alberdi de la Capital. La acumulación de casos reavivó las demandas de las organizaciones sociales hacia el Poder Judicial y el Ministerio de la Mujer por la falta de seguimiento riguroso a los agresores con prisión domiciliaria o libertad condicional.
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