En un movimiento que sacude el tablero político y económico, el gobernador Martín Llaryora concedió este jueves 23 de abril un aumento del 40% anual a la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC). La decisión representa una admisión implícita de que las proyecciones económicas de Javier Milei y Luis Caputo han naufragado: mientras el Presupuesto nacional estimaba una inflación cercana al 10%, el Centro Cívico debió cuadruplicar esa cifra para destrabar el conflicto con el sector estatal más numeroso de la provincia.
El acuerdo establece un esquema de incrementos mensuales atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y una cláusula de revisión para el mes de octubre. Esta capitulación ante la realidad inflacionaria no solo desbarata el relato libertario de estabilidad, sino que genera un efecto dominó inmediato. El Sindicato de Empleados Públicos (SEP), liderado por Sergio Castro, ya adelantó que exigirá replicar el mismo piso del 40% para el resto de la administración central, salud y fuerzas de seguridad, lo que implica un costo fiscal extra de $1,25 billón para el año.
Sin embargo, el alivio en las escuelas encendió una hoguera en los municipios. Los intendentes cordobeses se encuentran en estado de alerta máxima, ya que sus propios empleados municipales ahora exigen paritarias espejo. Con ocho meses de caída consecutiva en la coparticipación y una recaudación provincial debilitada por la recesión, los jefes comunales advierten que no tienen margen financiero para afrontar estos números. «Nos prenden fuego las cuentas», graficó un intendente peronista ante la imposibilidad de acceder a mercados internacionales de crédito, recurso que el Ejecutivo provincial sí empieza a barajar.
La sociedad siente incertidumbre ante un escenario donde la brecha entre las promesas nacionales y la realidad del bolsillo se vuelve insostenible. Al convalidar un aumento que rompe cualquier previsión oficial, Llaryora toma distancia del ajuste ciego y expone la fragilidad de un plan económico que no logra contener los precios. La pulseada por los recursos apenas comienza, y mientras el Gobierno provincial busca oxígeno financiero, los municipios del interior quedan a la deriva en una crisis que ya no se puede ocultar con discursos.
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