El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja dictó una medida cautelar de alcance colectivo que le otorga un plazo de 72 horas al Gobierno nacional para normalizar los fondos. La resolución advierte sobre el riesgo de vida para miles de beneficiarios y el ahogo financiero de las instituciones.
El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba dictó una resolución de fuerte impacto social que obliga a la obra social Pami y al Ministerio de Salud de la Nación, a través del programa Incluir Salud, a regularizar de manera urgente los pagos adeudados a los prestadores del sector de discapacidad. El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja impuso un ultimátum de 72 horas para restablecer el flujo de fondos destinados a terapias, medicamentos especiales y transporte adaptado, frenando el corte de servicios esenciales para beneficiarios con alta vulnerabilidad de la provincia.
La medida cautelar surge a raíz de un amparo colectivo presentado por la organización Defendamos Córdoba junto a entidades emblemáticas como Apadim y el Pequeño Cottolengo Don Orione. En los fundamentos del fallo, el magistrado criticó con dureza los mecanismos del Estado nacional para «evadir o dilatar» sus responsabilidades y expuso el ahogo financiero de los centros de asistencia. La vigencia de esta orden judicial se extenderá por un plazo inicial de seis meses, bajo apercibimiento de ley si los organismos nacionales no cumplen el depósito de las partidas.
Datos centrales del dictamen judicial
- Población protegida: La cautelar resguarda de forma directa a los titulares de pensiones no contributivas y beneficiarios con Certificado Único de Discapacidad (CUD) de Córdoba.
- Ultimátum al Ejecutivo: Los organismos dependientes de la Nación disponen de un plazo perentorio de 72 horas hábiles para acreditar las transferencias retenidas a las instituciones prestadoras.
- Asfixia económica: El fallo tomó como prueba el caso de Don Orione, entidad que debió afrontar más de 41 millones de pesos en intereses punitorios ante Arca debido a los atrasos crónicos del propio Estado.
- Emergencia vigente: La resolución se encuadra dentro de la Ley 27.793, norma que declara la emergencia nacional en materia de discapacidad en todo el territorio de la República.
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