Los bloques de la UCR, el Frente Cívico, el PRO y Cordobeses por la Libertad solicitaron al Ministerio Público Fiscal investigar un supuesto esquema de coimas para evitar clausuras de locales nocturnos. El planteo salpica las habilitaciones comerciales y reactiva el debate parlamentario por la reforma del código de fiscalización.
Los bloques opositores del Concejo Deliberante capitalino presentaron una solicitud formal ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) para que se investiguen los presuntos circuitos de pagos ilegales orientados a evitar la clausura de locales nocturnos. La presentación —firmada por Elisa Caffaratti, Javier Fabre, Graciela Villata, Soher El Sukaría y Jessica Rovetto— formaliza acusaciones previas y pide indagar la posible comisión del delito de asociación ilícita, vinculando los hechos con antecedentes judiciales de alto impacto como la «causa Bomberos» y las derivaciones del «caso Agostina».
La movida política impacta de lleno en el Palacio 6 de Julio en momentos en que la Comisión de Legislación General, bajo la conducción de Nicolás Piloni, debate el proyecto del Ejecutivo para codificar y reordenar las ocho ordenanzas vigentes que regulan la habilitación y fiscalización comercial. Desde la oposición cuestionan puntos clave del proyecto oficialista, como la creación de un registro cerrado de gestores y la falta de precisiones sobre el futuro de las áreas administrativas de control, aspecto que también genera tensión con el gremio del Suoem.
En paralelo a la discusión parlamentaria —cuya votación se prevé para dentro de dos meses y sumará en las próximas semanas el testimonio de la Cámara de Discotecas—, la Unidad Ejecutora creada tras el escándalo por el bar Wachitas continúa operando dentro del propio Ente de Fiscalización. Hasta el momento, dicha estructura de control provisional no ha notificado irregularidades internas, mientras el oficialismo busca acelerar la reforma normativa para contener el impacto político y mediático.
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