A través de la Resolución 28/2026, la Secretaría de Transporte de la Nación eliminó formalmente las compensaciones a las empresas por los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, trasplantados y menores con cáncer. En Córdoba la quita de fondos ya regía de hecho, pero la medida nacional sepulta los reclamos de discriminación de Fetap y obliga a la Provincia a apurar una tregua empresa por empresa.
El escenario del transporte de pasajeros sumó un nuevo capítulo de tensión institucional y económica que redefine las reglas del juego entre el Estado y el sector privado. La Secretaría de Transporte de la Nación oficializó la Resolución 28/2026, mediante la cual dictaminó el fin definitivo del régimen de subsidios y compensaciones parciales que el Gobierno federal otorgaba a las empresas de transporte automotor para mitigar los costos de los pasajes gratuitos exigidos por leyes especiales. La medida elimina el auxilio financiero estatal pero deja taxativamente blindado el derecho esencial a la gratuidad, obligando a las firmas de carácter interjurisdiccional a seguir entregando los boletos sin cargo a los beneficiarios por discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera, y niños o adolescentes bajo tratamiento oncológico, debiendo absorber dicho costo de ahora en más dentro de su propia estructura operativa.
La Casa Rosada fundamentó esta determinación bajo el nuevo paradigma de libertad tarifaria y desregulación del sector que rige tras la aplicación de los decretos que permiten a los operadores determinar libremente sus recorridos, horarios y precios de mercado. Según el texto oficial, la capacidad de fijar el valor de los pasajes de forma autónoma faculta a las prestatarias a internalizar las obligaciones legales de gratuidad, tornando totalmente innecesario el sostenimiento del auxilio financiero del Estado nacional, cuya fiscalización y control de cumplimiento efectivo continuará bajo la estricta órbita de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). En la práctica, este flujo de fondos específicos solo se mantenía medianamente activo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), dado que desde el año 2024 esos recursos nacionales habían dejado de llegar de manera efectiva a las prestatarias radicadas en el interior del país.
La formalización de esta quita impacta de lleno en el tablero político de Córdoba, donde la semana pasada la Federación de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros (Fetap) amenazó con cortar de manera unilateral los pases libres en los colectivos interurbanos y urbanos del interior debido a un costo no compensado que las empresas estimaron en unos 1.100 millones de pesos mensuales. La resolución de la Nación le quita ahora un argumento de peso a la entidad empresaria cordobesa, ya que sepulta la posibilidad de realizar un reclamo judicial o administrativo por discriminación de fondos respecto al AMBA, un argumento que la organización patronal venía esgrimiendo con fuerza en sus comunicados públicos dirigidos hacia la administración central.
En este contexto de extrema complejidad, la Secretaría de Transporte de Córdoba, liderada por Cristian Sansalone, mantiene una tregua provisoria con las prestatarias mientras lleva adelante una ronda de negociaciones individuales, analizando los números empresa por empresa. La estrategia de la Provincia no contempla el pago directo de subsidios para cubrir este bache, sino que apunta a replicar el modelo de costos por kilómetro que aplica la ciudad de Córdoba en su sistema urbano, donde las gratuidades se contemplan e indexan dentro de la tarifa general reconocida. Mientras persistan estas mesas de diálogo técnico con los datos contables sobre la mesa, el Gobierno provincial garantizó que no habrá modificaciones en el servicio y que se sostendrá el derecho de los pasajeros vulnerables a viajar gratis en todo el territorio cordobés.
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