El ministro de Seguridad defendió el masivo despliegue para hallar a la menor en el norte cordobés, pero apuntó contra el Frente Cívico. Aseguró que deben pagar alquileres millonarios porque el juecismo bloqueó la compra de equipos propios en el Tribunal de Cuentas.
El masivo operativo que permitió localizar a la adolescente desaparecida en el norte provincial derivó en un fuerte pase de facturas políticas por el gasto en recursos tecnológicos. Este miércoles 10 de junio de 2026, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, reveló que la Provincia debe desembolsar 3 millones de pesos diarios para alquilar drones de vigilancia, un gasto que calificó de evitable y que atribuyó directamente al bloqueo de partidas ordenado por la oposición.
Quinteros detalló a Canal 10 que el reciente despliegue en Colonia Caroya, Jesús María y Deán Funes demandó una cantidad «inusitada» de recursos públicos, incluyendo helicópteros y naves no tripuladas. El funcionario utilizó el dato para reactivar la pelea de fondo con los tribunos del Frente Cívico, quienes a principio de año frenaron de manera definitiva la licitación de 6,8 millones de dólares para la compra de 15 drones de última generación, argumentando que el proceso presentaba sobreprecios y estaba direccionado.
«Tuvimos que alquilar porque la compra la frenaron diciendo que Córdoba no los necesitaba y que no los sabíamos usar», fustigó con dureza el ministro, recordando que aquella pulseada derivó en una denuncia penal de su parte contra el juecismo por abuso de autoridad. Asimismo, el titular de la cartera de Seguridad defendió la idoneidad de la fuerza local frente a las acusaciones de la oposición al remarcar que, en el operativo del norte provincial, los dispositivos aéreos fueron tripulados con éxito por el propio personal de la Policía de Córdoba.
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