El concejal Diego Casado presentó un proyecto de ordenanza para responsabilizar a las plataformas por operarios no inscriptos, otorgando un plazo de 30 días a los choferes para regularizarse.
Un proyecto de ordenanza ingresó al Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba con el objetivo de sancionar directamente a las empresas de aplicaciones de transporte (como Uber, Cabify o Didi) cuando asignen, procesen o cobren viajes a través de conductores o vehículos que no posean la habilitación municipal correspondiente. La iniciativa, impulsada de forma individual por el edil oficialista Diego Casado (Hacemos Unidos por Córdoba), busca modificar la ordenanza 13.549 para trasladar la responsabilidad económica de los controles a las firmas tecnológicas y frenar la prestación informal del servicio en la capital provincial.
La propuesta establece un esquema de multas que van desde las 1.000 hasta las 3.000 Unidades Económicas Municipales (UEM) por infracción —equivalentes a montos entre $16,4 millones y $49,3 millones—, escala que podría elevarse hasta los $246,8 millones para aquellas plataformas que operen sin ningún tipo de habilitación en el municipio. Asimismo, el proyecto contempla un plazo de 30 días corridos para que los choferes intimados regularicen su inscripción administrativa. Como novedad, dispone que esta falta por sí sola no será motivo de remisión del vehículo al depósito municipal, salvo que concurra con infracciones graves como licencias vencidas, fallas mecánicas de seguridad o maniobras para eludir la fiscalización.
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