Lo que comenzó como una sesión legislativa en la localidad de Toledo terminó en un escándalo de proporciones provinciales. El intendente Sergio Marín denunció públicamente que el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza para que ediles y tribunos de cuentas cobren sumas superiores a los 12 millones de pesos mensuales. Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar: los concejales aseguraron que se trata de una cifra global a repartir y acusaron al mandatario de tenderles una «trampa».
El conflicto estalló cuando Marín anticipó que vetará la norma y que, de ser necesario, recurrirá a la Justicia. Según el jefe comunal, la redacción de la ordenanza —aprobada sobre tablas y sin debate previo— es clara y no menciona que el monto sea anual o a dividir. «Hay obras importantes frenadas y esto lo sacaron en una noche», disparó el intendente, subrayando la «rapidez» con la que se trató el aumento en un contexto de crisis.
Desde la vereda opuesta, el concejal Marcelo Márquez (La Libertad Avanza) salió al cruce y aclaró que los 12 millones representan el presupuesto total para diez funcionarios, lo que dejaría dietas de bolsillo cercanas a los 830 mil pesos. «Toledo jamás podría pagar 12 millones por concejal; el intendente tiene por costumbre mentir con estos temas», afirmó Márquez, quien además cuestionó que Marín prefiriera ir a los medios antes que advertir sobre el supuesto error de redacción.
Por su parte, la presidenta del Concejo, Ivana Toledo, redobló la apuesta y vinculó la polémica a una negociación previa. Según Toledo, el cuerpo legislativo accedió a aumentarle el sueldo al intendente —quien cobraría unos 5 millones de pesos— y que, en ese marco, se propuso la adecuación de las dietas de los ediles. La tensión en la localidad del departamento Santa María es máxima, mientras los concejales prometen corregir el articulado para dejar en claro que no buscan cobrar cifras millonarias.
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