Una masiva movilización recorrió el centro de la capital española bajo el lema «La vivienda nos cuesta la vida». Los manifestantes denunciaron que las familias se ven obligadas al hacinamiento, exigieron congelar los precios y criticaron la lentitud del gobierno de Pedro Sánchez para frenar la crisis habitacional.
El centro de Madrid se convirtió en el escenario de un masivo e histórico reclamo social que expone una de las problemáticas estructurales más agudas que atraviesa Europa Occidental. Convocadas por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, decenas de miles de personas se movilizaron este domingo por las principales avenidas de la capital española para manifestar su profundo rechazo ante la escalada incesante en los precios de los arrendamientos y la severa escasez de inmuebles disponibles. La marcha, que según los organizadores superó los 100.000 asistentes frente a los 23.000 reportados por la delegación del Gobierno, contó además con el respaldo orgánico de las centrales obreras más importantes de ese país, como la Unión General de Trabajadores y las Comisiones Obreras.
Durante todo el trayecto de la protesta, los portavoces de las agrupaciones sociales denunciaron que el fuerte incremento de la demanda demográfica y la proliferación de los departamentos destinados al turismo internacional terminaron por estrangular el mercado residencial tradicional, cuya oferta pública sigue siendo sumamente limitada. Esta preocupante combinación forzó a que cada vez más personas y familias enteras se vean abocadas a situaciones críticas de hacinamiento o queden confinadas a alquilar habitaciones individuales para subsistir. Desde los sindicatos alertaron que los valores habitacionales se duplicaron durante la última década, superando con creces la evolución de los salarios y transformando el acceso al techo propio en un objetivo inalcanzable, al punto de que los trabajadores jóvenes llegan a destinar hasta el 70% de sus ingresos mensuales únicamente para cubrir el pago del casero.
El reclamo apuntó directamente hacia la gestión del presidente socialista Pedro Sánchez, a quien le exigieron medidas regulatorias de shock y una intervención urgente sobre el sector inmobiliario. Dirigentes gremiales afirmaron ante la prensa que las herramientas implementadas por el Ejecutivo nacional avanzan a paso de tortuga mientras que la emergencia habitacional salta a ritmo de liebre, haciendo referencia al déficit habitacional de 700.000 propiedades que arrastra España en el último lustro. Frente al descontento generalizado de los votantes de cara a los comicios del próximo año, la administración central busca contener la crisis mediante la presentación de un fondo de inversión pública de 120.000 millones de euros destinado a la construcción y el financiamiento de viviendas sociales, un plan estatal que la ciudadanía en las calles consideró tardío ante un panorama civil que definieron como incompatible con la vida digna.
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