El organismo de control, en manos de la oposición, emitirá un dictamen adverso sobre la Cuenta de Inversión 2025 del Gobierno provincial. Denuncian una subejecución sistemática en educación, un pasivo artificial en la Caja de Jubilaciones y advierten que la Provincia cerró el ejercicio con un déficit oculto de $444.000 millones.
La disputa política e institucional entre el Poder Ejecutivo y los organismos de control sumó un capítulo de máxima tensión en la provincia de Córdoba. El Tribunal de Cuentas provincial, presidido por el juecismo, dictaminó el rechazo de la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio financiero 2025 de la administración del gobernador Martín Llaryora, recomendando de manera formal a la Legislatura que no apruebe el balance oficial. El lapidario informe técnico elaborado por la Secretaría de Fiscalización Presupuestaria y la Fiscalía General objeta de forma directa el manejo del Tesoro, acusando al oficialismo de dibujar un superávit ficticio mediante diferencias de criterio contable con la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (Acif); según el Tribunal, si se homogeneizaran los registros de la deuda en moneda extranjera, el ejercicio real arrojaría un déficit superior a los $444.000 millones.
Entre los puntos más críticos del documento se denuncia una subejecución sistemática de recursos con afectación específica a través del Fondo Unificado de Cuentas (FUCO), los cuales habrían sido desviados hacia colocaciones financieras de corto plazo en lugar de aplicarse a obras públicas. Asimismo, el organismo advirtió que el gasto educativo ejecutado en 2025 representó apenas el 27% del presupuesto total, quedando ostensiblemente por debajo del piso legal del 35% exigido por la Ley Provincial de Educación, lo que equivale a un recorte encubierto de unos $780.000 millones. El informe también fulmina la estrategia previsional al señalar que el Estado construyó un pasivo artificial e impagable con la Caja de Jubilaciones mediante la aplicación abusiva de intereses financieros, al tiempo que cuestiona anomalías en contrataciones de Caminos de las Sierras y la llamativa utilización de fondos agropecuarios para la compra de un avión hidrante.
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