Diputados del bloque Provincias Unidas iniciaron una ofensiva legislativa contra el vaciamiento y los despidos masivos en el histórico complejo hotelero de Calamuchita. El schiarettismo presentó un duro pedido de informes a la Secretaría de Daniel Scioli, advirtiendo sobre el severo impacto económico en la región.
El proceso de ajuste estructural implementado por la administración central sobre el turismo social abrió un nuevo foco de conflicto político e institucional de alta intensidad entre la provincia de Córdoba y la Casa Rosada. Diputados nacionales que representan los intereses del oficialismo cordobés dentro de la bancada Provincias Unidas activaron una estrategia legislativa conjunta para frenar y exigir explicaciones formales sobre el cierre progresivo y el consecuente vaciamiento de la Unidad Turística Embalse (UTE). La avanzada es liderada por la diputada nacional Carolina Basualdo, referente del schiarettismo, quien elevó un pedido de informes directo al Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Turismo conducida por Daniel Scioli y a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para cuestionar que se considere «sin destino» a un predio que cuenta con la protección de haber sido declarado Monumento Histórico Nacional.
La drástica reestructuración del complejo hotelero genera una profunda preocupación en el plano socioeconómico debido a la alarmante destrucción de puestos de trabajo directos e indirectos en todo el Valle de Calamuchita. De acuerdo con los datos relevados por los gremios estatales, de una planta inicial de 700 operarios que sustentaban las actividades en las sedes de Embalse, Chapadmalal y las oficinas centrales, actualmente subsisten menos de 100 empleados en funciones. El plan de desmantelamiento en las sierras cordobesas implicó la desvinculación inmediata de los 14 trabajadores contratados y colocó en una situación de disponibilidad administrativa a otros 30 agentes de planta permanente, un paso previo a sus despidos definitivos. Mientras el gremio ATE Río Tercero denuncia un vaciamiento planificado para privatizar los predios y organiza cortes de ruta, la polémica incomoda al cordobesismo y desgasta la equilibrada relación institucional que el gobernador Martín Llaryora intenta sostener con la gestión de Javier Milei.
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