El balance de gestiones del Organismo de Control Disciplinario y del viejo Tribunal de Conducta expone un alto volumen de policías sancionados, apartados y cesanteados. La acumulación de causas de corrupción, violencia institucional y inconductas administrativas revela fallas estructurales de prevención y tensiona los criterios de control dentro de la fuerza.
El informe de actuaciones del Organismo de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de Córdoba —creado a fines de 2021 tras el caso de violencia institucional que culminó con el asesinato de Valentino Blas Correas— muestra que desde su puesta en marcha se han registrado 484 destituciones y cesantías sobre el personal policial. Si a esta cifra se añaden las actuaciones concluidas desde 2024 por el ente residual (el antiguo Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario), el total de bajas alcanza los 346 efectivos en los últimos dos años (250 tramitadas por el nuevo órgano dependiente del Ministerio Público Fiscal y 96 por la vía previa). Asimismo, la estadística oficial refleja que actualmente existen 700 policías bajo sanciones activas, distribuidos entre situaciones de pasiva (166 efectivos en el nuevo esquema percibiendo el 30% de sus haberes y 157 en el ente anterior), suspensiones sin goce de sueldo (150) y suspensiones sin afectación de haberes (227).
El análisis desagregado de los motivos disciplinarios ubica al mal desempeño (311 casos acumulados en cuatro años), a los episodios de violencia familiar o de género (124 casos) y a las causas de corrupción (111 casos) como los principales vectores de intervención. Durante el ciclo 2026, las faltas vinculadas a corrupción lideraron las medidas con 29 casos, seguidas por el mal desempeño de funciones (27) y episodios de violencia familiar y de género (19). La vía de origen de estos expedientes exhibe una dinámica particular: si bien el 85,8% de las causas desde 2022 provinieron de alertas e informes generados por la propia fuerza policial, el 14,2% originado por denuncias externas o medios ajenos a la institución derivó en un mayor índice relativo de destituciones (33 de las 112 totales), la sanción más severa del régimen disciplinario que conlleva la inhabilitación permanente para ejercer en la administración pública.
Por otra parte, la resolución de las causas acumuladas en el antiguo Tribunal de Conducta dejó al descubierto demoras administrativas de alto impacto económico e institucional. Al iniciar 2024, dicho tribunal mantenía un pasivo de 2.818 expedientes sin resolver, de los cuales 2.185 fueron tramitados durante la gestión actual (la mayoría archivados por prescripción o faltas leves) y 622 continúan pendientes. Entre los casos abordados tardíamente figura la causa del «narcoescándalo» estallado en 2013 —que involucró al excomisario mayor Rafael Sosa y a la plana mayor de la división Lucha contra el Narcotráfico—, cuyos efectivos mantuvieron el cobro del 30% de sus salarios en situación pasiva durante 12 años hasta que la Corte Suprema ratificó las condenas firmes por asociación ilícita y violación de los deberes de funcionario público. Estas demoras sistémicas, junto a la resolución tardía de causas ligadas al paro policial de 2013 o la estafa «Zoe Azul», remarcan las severas consecuencias administrativas de la falta de celeridad en los procesos de auditoría.
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