A partir del fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la medida cautelar contra la desregulación inmobiliaria rural, bloques opositores impulsan una sesión especial en Diputados, mientras el oficialismo busca acordar con gobernadores para evitar la caída del paquete normativo.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que restableció la vigencia del artículo 157 del DNU 70/2023 —derogando la Ley de Tierras— reactivó la presión parlamentaria sobre el «megadecreto» impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional. Tras la resolución del máximo tribunal que desestimó la presentación judicial del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata por falta de legitimación activa, distintos bloques de la Cámara de Diputados, encabezados por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, iniciaron negociaciones para convocar a una sesión especial y votar el rechazo definitivo del decreto, que ya cuenta con la negativa del Senado desde marzo de 2024.
Para lograr el quórum y consolidar la mayoría en el recinto, los sectores promotores de la sesión buscan sumar el acompañamiento de diputados que responden a gobernadores dialoguistas. Ante este escenario, la bancada de La Libertad Avanza comenzó a articular una estrategia parlamentaria de contención orientada a evitar la derogación total de la norma. Entre las alternativas en evaluación, el oficialismo contempla la incorporación de regulaciones específicas a la compra de tierras por parte de extranjeros dentro de proyectos en trámite legislativo, con el objetivo de dar respuesta a los reclamos provinciales y sostener la vigencia del marco normativo general del DNU.
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