La diputada nacional cordobesa aseguró este lunes que la renuncia del vocero presidencial no cierra la crisis institucional. Exigió que el presidente aclare por qué lo respaldó públicamente y enumeró tres ejes de máxima gravedad que la Justicia y el Congreso deben controlar, entre ellos el caso de la criptomoneda $LIBRA y presuntos desvíos en la ANDIS.
El tablero político nacional sumó un nuevo capítulo de confrontación tras la salida del vocero presidencial. Este lunes 29 de junio de 2026, la diputada nacional por Córdoba, Natalia de la Sota, lanzó duras críticas contra la administración central, advirtiendo que la renuncia de Manuel Adorni no da por terminado el conflicto institucional y salpicando directamente al jefe de Estado. «Con la renuncia de Adorni no termina nada, Milei también tiene explicaciones pendientes», disparó la legisladora a través de sus redes sociales.
La referente del bloque cordobés centró su reclamo en los niveles de responsabilidad del Poder Ejecutivo, argumentando que Javier Milei debe rendir cuentas sobre los motivos que lo llevaron a sostener y defender públicamente al exfuncionario hasta el último momento. Para De la Sota, la dimisión no exime al Gobierno de responder por denuncias complejas que desgastaron la estructura de la Casa Rosada durante las últimas semanas y que continúan bajo investigación en los tribunales federales.
Los tres frentes que complican al oficialismo
La diputada exigió respuestas inmediatas sobre lo que consideró hechos de «máxima gravedad institucional» y enumeró los temas clave que el Congreso debe auditar:
- El escándalo cripto: La presunta participación y los alcances del Presidente en el caso vinculado a la criptomoneda $LIBRA.
- Manejo de fondos en ANDIS: Las denuncias por supuestas irregularidades y desvíos de partidas presupuestarias destinadas a personas con discapacidad en la Agencia Nacional de Discapacidad.
- Incumplimiento legal: La desobediencia sistemática de leyes aprobadas por el Poder Legislativo y de fallos emitidos por la Justicia, planteando el interrogante de si esta postura cambiará con el nuevo diseño de la Jefatura de Gabinete.
«Para mantener un modelo económico regresivo, antifederal y socialmente injusto, el Gobierno ha avanzado sobre los límites de la institucionalidad democrática. La sociedad merece respuestas, la Justicia debe avanzar y el Congreso debe controlar». — Natalia de la Sota, diputada nacional, en su fuerte descargo parlamentario.
La postura de la dirigente peronista expone el endurecimiento de los bloques provinciales frente a las estrategias políticas de La Libertad Avanza. De la Sota encuadró el accionar del oficialismo como parte de un esquema de gestión que avanza por encima de las normativas vigentes y el federalismo con el objetivo de sostener sus metas fiscales. La presión opositora se traslada ahora a las comisiones de control del Congreso, donde buscarán citar a los nuevos funcionarios del gabinete para que detallen el rumbo administrativo y el estado de las causas judiciales que quedaron abiertas tras el desplazamiento de la primera línea comunicacional del Gobierno.
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