El presidente dictó la medida de emergencia por 90 días para que las Fuerzas Armadas y la Policía liberen los bloqueos de comunidades indígenas y cocaleros alineados con Evo Morales. El mandatario denunció un «intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo», mientras los focos duros de la protesta rechazan el pacto firmado con la Central Obrera.
La crisis política y social en el corazón de Sudamérica cruzó una frontera crítica y activa los resortes de las fuerzas militares. Este sábado 20 de junio de 2026, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional con el objetivo de intervenir de forma directa sobre la red de piquetes y cortes de rutas que mantienen semiparalizado al país desde hace un mes y medio. La medida faculta a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas a restringir de forma temporal las garantías constitucionales de circulación, reunión y locomoción.
El dictamen presidencial se precipitó luego de que las organizaciones agrarias de la Federación Túpac Katari y las bases cocaleras del Chapare desoyeran el acuerdo de pacificación firmado el viernes entre el Poder Ejecutivo y la influyente Central Obrera Boliviana (COB). “Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica y abastecerse”, fustigó Paz en un mensaje oficial televisado, donde justificó el uso de la fuerza pública frente a lo que catalogó abiertamente como un “intento de golpe de Estado financiado por el narcoterrorismo”.
«El decreto de emergencia tendrá una vigencia máxima de 90 días y deberá ser convalidado por el Congreso. Instruí a los mandos de Defensa a ejecutar todas las acciones necesarias para restablecer el libre tránsito y recuperar la soberanía sobre las carreteras de la República». — Fragmento del decreto oficializado en la Gaceta de Bolivia tras el anuncio del mandatario de centroderecha.
El escenario de conflicto que enfrenta a la administración gubernamental (asumida en noviembre de 2025 tras dos décadas de hegemonía de la izquierda) con los sindicatos agrarios exhibe las siguientes variables de riesgo:
- El factor Evo Morales: El oficialismo acusa de forma directa al expresidente de orquestar el estrangulamiento logístico desde la clandestinidad en la región del Chapare, donde Morales permanece guarecido para eludir una orden de detención judicial por una causa penal de trata de menores que califica de persecución política.
- La trampa económica: Las protestas estallaron a comienzos de mayo en reclamo de divisas y soluciones para la crisis económica más compleja de los últimos 40 años, sumado al descontento social generalizado por el racionamiento y la deficiente calidad de las gasolinas distribuidas en las estaciones de servicio.
- Traición gremial: Si bien el titular de la COB, Mario Argollo, había anunciado el levantamiento inmediato de las medidas de fuerza a cambio de promesas de no privatización de empresas estatales y la revisión de la situación de un centenar de manifestantes detenidos, las bases de labriegos e indígenas tildaron el pacto de «traición» y ratificaron más de 50 bloqueos activos liderados por el dirigente Antonio Mallku.
La militarización de los principales accesos a La Paz, El Alto y el eje troncal de Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra sumerge a Bolivia en una profunda incertidumbre institucional. En las principales urbes, el desabastecimiento de alimentos de la canasta básica, insumos hospitalarios y combustibles ya generó brotes de violencia callejera y compras de pánico. El país andino queda ahora supeditado al nivel de resistencia de las columnas campesinas frente al avance de los blindados militares, en un intento del gobierno por restablecer el orden que promete tensionar al máximo el tejido social.
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