Diputados Daniel Passerini intendente de cordoba Foto Federico Lopez Claro
La onda expansiva por el femicidio de Agostina Vega provocó una purga masiva en el gabinete de Daniel Passerini. El secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, confirmó el desplazamiento de los jefes directos del asesino y admitió que su propio puesto está en la cuerda floja.
La vinculación del femicida de barrio Mosconi con la estructura del Estado local desató un terremoto político en el Ejecutivo municipal. Este miércoles 10 de junio de 2026, el secretario de Gobierno de la Capital, Rodrigo Fernández, confirmó que ya son 13 los funcionarios desplazados de sus cargos tras detectarse fallas gravísimas en los filtros de contratación y control interno. El intendente Daniel Passerini aceptó las renuncias de forma inmediata, marcando un fuerte quiebre institucional para frenar el impacto de la crisis.
Entre los desplazamientos más pesados de la jornada se destacan las desvinculaciones totales de Iván Contreras (exdirector general de Tránsito) y Eduardo Ramírez (exsecretario de Tránsito y Movilidad), señalados por presuntos vínculos vecinales y de militancia con Claudio Barrelier, el asesino que revistaba bajo la condición de «becario» municipal. Fernández admitió abiertamente la gravedad de la situación y la vulnerabilidad de la cúpula política frente a las decisiones que pueda tomar el Intendente: “Ya son 13 las renuncias. Incluso, yo soy uno de los secretarios que no conozco si las reestructuraciones me van a alcanzar”, confesó en diálogo con Cadena 3.
El escándalo también salpicó el área de Fiscalización y Control a raíz de la situación de «Wachitas», un bar vinculado a la investigación del crimen. El funcionario detalló que el local arrastraba un historial de reiteradas clausuras por fallas de higiene y seguridad, aunque sospechosamente había logrado pagar aranceles de regularización digital el pasado 2 de junio antes de ser clausurado nuevamente. Con la soga al cuello por la falta de controles sobre un empleado que ya tenía antecedentes por secuestro en 2025, el Ejecutivo municipal envió un proyecto de ordenanza de urgencia al Concejo Deliberante para endurecer de forma inmediata los plazos de auditoría e investigación sobre todo el personal de planta.
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