Tras la detención de 11 personas —entre ellas un exasistente del legislador peronista Ramón Flores— en una causa por grooming y abuso infantil, el Gobernador respaldó la investigación pero tomó distancia de la Legislatura. La Unicameral exigirá nuevos certificados a más de 1.000 contratados.
El caso de grooming y abuso sexual que conmociona a Villa de María de Río Seco escaló al plano político e institucional de la provincia. Luego de que la Justicia ordenara la detención de 11 imputados por ataques contra al menos tres adolescentes, se confirmó que entre los implicados figuraba José Villarreal, quien se desempeñaba como asesor del legislador oficialista Ramón Ernesto Flores (Hacemos Unidos por Córdoba).
Consultado sobre el avance de la causa, el gobernador Martín Llaryora afirmó que se trata de «un hecho tremendo» y reclamó la máxima severidad judicial: «Córdoba garantiza la independencia del Poder Judicial. Tiene que ir a fondo, como va en todos los casos, para que se haga justicia». No obstante, al ser abordado sobre la falta de filtros e idoneidad en el ingreso de personal contratado en la Unicameral, el mandatario deslindó responsabilidades operativas: «Eso ya no me corresponde a mí», en referencia a la conducción del cuerpo legislativo a cargo de la vicegobernadora Myrian Prunotto.
El impacto del escándalo obligó a la Secretaría Administrativa de la Legislatura a revisar de urgencia los requisitos para los 1.055 asistentes y asesores que prestan servicio en la Unicameral. A partir de ahora, además del certificado nacional de reincidencia, se les exigirá de manera prioritaria el certificado de antecedentes emitido por la Policía de la Provincia de Córdoba. Desde la oposición, referentes de la UCR, el PRO y Encuentro Vecinal cuestionaron la reacción del oficialismo, exigieron la renuncia del legislador Flores y reclamaron la aprobación de proyectos para fiscalizar la nómina de personal en tiempo real.
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