La iniciativa de Javier Milei ingresó a la Cámara de Diputados fijando un piso mínimo de US$ 1.000 millones por proyecto. Ofrece un histórico blindaje fiscal, aduanero y cambiario por 30 años para empresas que desarrollen industrias inéditas en el país.
El Palacio de Hacienda dio un paso clave en su estrategia económica con el envío al Congreso del «Súper-RIGI», un régimen impositivo diseñado exclusivamente para atraer capitales de gran escala orientados a actividades de alto impacto tecnológico que hoy no existen en la matriz productiva argentina. Para seducir a las multinacionales, el proyecto ofrece reducir la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15% (frente al 25% del RIGI tradicional), amortización acelerada de inversiones en tres años, deducción de quebrantos sin límite y una baja en las contribuciones patronales al 10% para los nuevos puestos de trabajo formales.
La arquitectura financiera del plan oficial se complementa con una fuerte flexibilización cambiaria y aduanera que busca garantizar máxima previsibilidad. Las compañías que canalicen sus fondos mediante Vehículos de Proyecto Único (VPU) quedarán eximidas del pago de derechos de importación y de retenciones a la exportación, contando además con la opción de resolver conflictos en tribunales de arbitraje internacional. Respecto al flujo de divisas, el texto legal habilita un esquema progresivo de libre disponibilidad de los dólares generados por exportaciones, que arranca en un 20% el primer año y alcanza la liberación total del 100% a partir del tercer año, exigiendo como contrapartida ejecutar al menos el 20% de la inversión comprometida durante los primeros 24 meses de adhesión.
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