El Tribunal Oral Federal N° 4 dictó la sentencia por los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta contra el Estado en el marco de la ampliación de los gasoductos Norte y Sur. El fallo judicial, que llega casi dos décadas después del inicio de la investigación, ratificó el desvío de fondos públicos mediante un esquema de facturación apócrifa y el cobro de sobreprecios.
La resolución de la primera gran investigación judicial sobre retornos en la infraestructura civil durante el kirchnerismo sumó sus condenas principales. Los magistrados Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez determinaron la responsabilidad penal del exministro de Planificación Federal y del exsecretario de Obras Públicas como los articuladores políticos de un mecanismo diseñado para direccionar contratos públicos hacia la constructora de origen sueco a cambio de dádivas económicas.
La trama delictiva analizada durante el debate oral expuso que la maniobra se valió de una red de empresas fantasma dedicadas a la emisión de facturas truchas. El objetivo de este circuito consistía en simular gastos operativos inexistentes para justificar la salida de dinero en efectivo de las cuentas corporativas de la constructora, capital que posteriormente se distribuía entre los funcionarios públicos encargados de auditar y convalidar las obras de ampliación de transporte de gas.
Las grabaciones de auditoría y la situación procesal de los imputados
La resolución de la causa penal se fundamentó en pruebas documentales y registros sonoros que superaron diversas instancias de impugnación:
El elemento probatorio determinante para la fiscalía de Abel Córdoba consistió en un archivo de audio incautado en las oficinas de la multinacional. En dicho registro, un alto directivo de la compañía admitía internamente que los pagos ilegales equivalían al 5% del valor total de los contratos energéticos, los cuales se encontraban valuados en 100 millones de dólares. La maniobra especificaba un reparto del 3% destinado al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y un 2% dirigido a la estructura de Nación Fideicomisos.
Esta resolución judicial constituye la quinta condena en el historial de procesos penales del exministro, quien actualmente cumple un régimen de prisión domiciliaria en su propiedad de Zárate. Junto a las penas impuestas a la cúpula de Planificación Federal, la Justicia mantuvo los cargos contra ocho exgerentes y directivos de la firma sueca, fijando requerimientos de detención de cuatro años y seis meses, mientras que resolvió la absolución de otros 17 imputados que formaban parte del expediente original.
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