Marta Pascual fue acusada de usurpación funcional por Usina de Justicia tras frenar por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, mientras fiscales anticiparon que no acatarán la medida.
La resolución de la jueza Marta Elba Pascual de suspender por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801) en la provincia de Buenos Aires desató una fuerte ofensiva judicial y política en su contra. Titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, la magistrada dio lugar a un hábeas corpus de la Federación Familia Grande Hogar de Cristo al considerar que la falta de infraestructura y recursos en los centros de encierro bonaerenses generará hacinamiento y vulneración de derechos. Como respuesta inmediata, la asociación civil Usina de Justicia la denunció penalmente por presunto abuso de autoridad y usurpación funcional, argumentando que un juez provincial no puede frenar con alcance general una ley nacional sancionada por el Congreso, iniciativa a la que se sumó el pedido de juicio político anunciado por legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza.
En paralelo, la medida generó una rebelión de fiscales en distintos departamentos judiciales bonaerenses, como Mar del Plata y San Isidro, quienes anticiparon que ignorarán el fallo y continuarán aplicando la nueva norma penal que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años. Juristas y fiscales advierten que la magistrada incurrió en un fallo ideológico sustentado en «daños hipotéticos» y sostienen que los jueces solo están facultados para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de un caso concreto. El conflicto expone una profunda crisis institucional sobre los límites de la competencia judicial frente a las leyes nacionales y las condiciones del sistema carcelario juvenil.
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