Cinco horas de gritos, acusaciones de «carancheo», micrófonos apagados y un pedido de Alplax marcaron el debate en la Unicameral. La oposición culpó a Llaryora, a la Justicia y al ministro Quinteros por los nexos estatales del femicida Claudio Barrelier. El peronismo tildó de oportunistas a sus rivales de cara a las elecciones 2027.
El brutal crimen de la adolescente de 14 años rompió de manera definitiva la convivencia política en la Legislatura de Córdoba. Este miércoles 10 de junio de 2026, la sesión ordinaria se convirtió en una batalla campal de cinco horas, donde el oficialismo blindó de forma repetida los pedidos de informes de la oposición acusándola de «caranchear» políticamente a días del femicidio, mientras que las bancadas minoritarias cargaron con dureza contra el gobernador Martín Llaryora y el sistema judicial por las fallas que permitieron al asesino ingresar como becario al municipio capitalino.
La tensión escaló desde el primer minuto cuando la radical Alejandra Ferrero acusó al oficialismo de liderar un «Estado corrupto» y tolerar «mafias estructurales de punteros». El jefe de la bancada peronista, Facundo Torres, salió al cruce en duros términos asegurando que la oposición «aprovecha cualquier oportunidad malintencionada» y que «solo piensa en los resultados de las elecciones del año próximo». La discusión en torno al femicida Claudio Barrelier sumó nafta al fuego cuando Torres defendió las contrataciones estatales: “Se puede contratar y después alguien se vuelve loco, psicótico, ¿y por eso sos responsable? Esto es caranchear”, lanzó contra el legislador liberal Gregorio Hernández Maqueda, quien minutos antes había mandado de forma irónica a la bancada peronista a «tomar Alplax», provocando que el PJ lo denunciara por misoginia ante la presidencia del cuerpo.
«Ustedes escriben esos cuentos de terror, con esto que está sucediendo de que no nos dejan hablar. La gestión de Llaryora es un cuento de terror. La gestión es un horror». — Walter Nostrala, presidente del bloque del Frente Cívico.
La sesión estuvo plagada de momentos límite y cruces en simultáneo:
- Censura y micrófonos apagados: La legisladora de izquierda Noelia Agüero denunció censura y exigió un jury de enjuiciamiento contra los fiscales por la inacción judicial previa de Barrelier (quien estuvo 20 días preso en 2025). Minutos después, la vicegobernadora Myrian Prunotto le cortó el micrófono a la juecista Nancy Almada, desatando una ola de protestas de la oposición que acusó a la presidencia de violar el reglamento.
- El «teléfono» al Gobernador: En medio del barro político, el presidente de la UCR, Matías Gvozdenovich, apeló a la ironía. Sacó su celular en pleno recinto y simuló una llamada directa con Martín Llaryora para reclamarle el nombramiento de 40 jueces de paz que el interior provincial viene esperando hace meses.
- La «bestia» bajo la lupa: Patricia Botta (Valores Republicanos) exigió explicaciones urgentes al Poder Ejecutivo sobre cómo fue posible que «esta bestia de Barrelier» gozara de libertad y fuera contratado en el Estado arrastrando una cadena de antecedentes penales por robos y secuestros.
Hacia el final de la jornada, el peronismo logró aire al unificar votos con el radicalismo para aprobar el Fondo Provincial de Capital Emprendedor, un proyecto estratégico defendido por Juan Blangino para crear una arquitectura financiera de innovación en Córdoba. Sin embargo, en los pasillos de la Unicameral admiten que la tregua está rota: la oposición ya tiene listos 16 pedidos de informes sobre el caso Agostina Vega y prometen un clima todavía más hostil para las próximas semanas mientras el fiscal Raúl Garzón avanza con la causa penal.
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