Un megaoperativo del fiscal Ernesto de Aragón reventó el CPC de la zona sur. Investigan una red ilegal que entregaba carnets sin exámenes teóricos, prácticos ni médicos. Hay dos municipales presos y se descubrió que le dieron el registro a gente que ni siquiera sabía manejar.
La Municipalidad de Córdoba sumó un nuevo dolor de cabeza judicial y otra crisis de control interno en sus dependencias oficiales. Este jueves 11 de junio de 2026, un masivo operativo ordenado por el fiscal de instrucción Ernesto de Aragón sacudió las oficinas del Centro de Participación Comunal (CPC) de barrio Jardín, en la zona sur de la Capital. Tras una serie de allanamientos, la Justicia imputó a 22 personas e investiga una aceitada red dedicada a la emisión y comercialización de licencias de conducir apócrifas.
La medida del fiscal De Aragón golpeó directo a la estructura estatal: entre los 22 imputados hay ocho empleados municipales y 14 particulares. Al momento del despliegue, las fuerzas de seguridad detuvieron a dos agentes públicos que prestaban servicios en el área de transporte de dicho CPC, quienes quedaron tras las rejas bajo los cargos de falsedad ideológica reiterada y abuso de autoridad. La investigación se venía tramitando bajo estricto hermetismo desde 2025, luego de que el propio subdirector de la dependencia denunciara penalmente las brutales anomalías en el sistema.
«Lo que se hacía era omitir el cumplimiento de los requisitos legales para expedir el carnet, como el examen práctico, teórico o médico. Puntualmente tenemos un caso en el que nos consta que la persona no sabía manejar. Hay varios otros casos en los que no se rindió el examen práctico a pesar de ser un carnet obtenido por primera vez». — Ernesto de Aragón, fiscal de instrucción a cargo de la causa.
El trasfondo de la maniobra expone una matriz de corrupción institucionalizada. Según detalló el fiscal en Cadena 3, la entrega de los carnets truchos no se realizaba a cambio de dinero en efectivo, sino mediante una red de influencias y «favores políticos» donde funcionarios o punteros de la zona facilitaban el trámite saltándose todos los controles viales y de salud. La Justicia ya tiene bajo la lupa cerca de 40 licencias otorgadas de manera ilegal y enviará un oficio formal al Palacio 6 de Julio para que el intendente Daniel Passerini proceda a la inhabilitación y anulación inmediata de los plásticos truchos que hoy circulan por las calles cordobesas.
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