El arco político cordobés oficializó su acompañamiento a la nueva Marcha Federal Universitaria programada para el 12 de mayo. A través de un proyecto de declaración aprobado por mayoría en la Unicameral, los legisladores locales exigieron que el Gobierno Nacional cumpla con las leyes de financiamiento para garantizar el funcionamiento de las casas de altos estudios.
Pese a que la votación resultó favorable, la sesión estuvo marcada por fuertes cruces dialécticos. El oficialismo (Hacemos Unidos por Córdoba) y el radicalismo lograron unificar criterios en defensa de la educación pública, pero la discusión se desvió hacia la política local cuando bloques como el Frente Cívico, si bien apoyaron la movilización, aprovecharon para cuestionar el estado de las escuelas provinciales y la gestión educativa de Martín Llaryora.
La movilización del próximo martes tiene como objetivo principal frenar el recorte de recursos que, según denunciaron las legisladoras Karen Acuña y Brenda Austin, pone en riesgo el segundo cuatrimestre académico. Con este respaldo institucional, Córdoba se posiciona nuevamente como uno de los epicentros de la resistencia al ajuste presupuestario en ciencia y técnica, aunque el debate legislativo dejó en evidencia que la unidad opositora es frágil cuando se mezclan los reclamos nacionales con las críticas a la administración provincial.
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