La senadora Alejandra Vigo lideró el rechazo cordobesista a la reforma del Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad de Tierras Rurales. En tanto, el gobernador evito declaraciones públicas para preservar el equilibrio institucional y político con la Casa Rosada.
El debate en torno a la reforma de la Ley de Tierras expuso las diferentes dinámicas operativas dentro del oficialismo cordobés ante las iniciativas parlamentarias del Poder Ejecutivo Nacional. Mientras el sector alineado con el exgobernador Juan Schiaretti adoptó un posicionamiento crítico y explícito en defensa de la protección del territorio productivo, el gobernador Martín Llaryora optó por el silencio estratégico para evitar fricciones con la administración central de Javier Milei.
La postura más tajante del espacio la encabezó en el Senado la senadora Alejandra Vigo, quien rechazó de manera frontal la propuesta oficialista e impulsó únicamente modificaciones puntuales relacionadas con los plazos de rehabilitación de tierras productivas dentro del régimen de Manejo del Fuego. A nivel local, este posicionamiento se replicó en la Unicameral con un intento por parte del legislador Leonardo Limia de aprobar una resolución de rechazo sobre tablas.
Por su parte, el esquema político más cercano al gobernador Llaryora decidió mantener una línea de cautela, sin pronunciamientos públicos ni participaciones activas en redes sociales por parte de sus principales espadas legislativas. Desde el entorno del oficialismo provincial aclaran que este contraste responde a las necesidades de gestión y conducción del mandatario frente al escenario electoral de 2027, descartando cualquier tipo de quiebre interno dentro de Hacemos Unidos por Córdoba.
Acerca del autor
