El Departamento de Justicia reasignó fiscales de distintas divisiones civiles con el objetivo de presentar al menos 250 demandas de desnaturalización antes de octubre. La medida, enmarcada en la política de tolerancia cero, apunta a personas acusadas de cometer fraude en sus formularios, ocultar antecedentes penales o manifestar apoyo al terrorismo.
La agenda migratoria de la Casa Blanca avanza sobre un terreno históricamente considerado intocable por los tribunales federales. Este jueves 18 de junio de 2026, una investigación de la cadena CNN reveló que la administración de Donald Trump intensificó de manera drástica los recursos federales para revocar la ciudadanía a los estadounidenses naturalizados. De acuerdo con altos funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ), el Gobierno planea presentar un mínimo de 250 casos de desnaturalización antes de octubre, marcando un quiebre histórico respecto a las políticas de administraciones previas, que limitaban este recurso casi con exclusividad a criminales de guerra o terroristas.
Los datos procesados por el Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse exponen la magnitud del giro administrativo. Mientras que entre 2008 y mediados de 2026 los tribunales registraron un total de 166 denuncias de desnaturalización —lo que equivale a un promedio anual inferior a las 10 presentaciones—, el Departamento de Justicia de Trump ya radicó 29 demandas contra ciudadanos nacidos en el extranjero en menos de dos meses. El secretario de Justicia interino, Todd Blanche, defendió la iniciativa bajo la premisa de que «obtener la ciudadanía estadounidense es un privilegio» y ratificó la política de «tolerancia cero ante el abuso de este proceso».
«Las personas que recibieron una multa de estacionamiento no serán el objetivo de nuestros recursos. Se trata de encontrar a quienes hayan cometido un fraude grave contra los Estados Unidos, identificarlos y proceder con la mayor celeridad posible ante los tribunales». — Declaración de un alto funcionario del Departamento de Justicia a la prensa norteamericana.
La estrategia legal de la Casa Blanca se apoya en un memorando interno redactado por el secretario de Justicia Adjunto, Brett Shumate, el cual delinea el esquema de persecución judicial civil y penal:
- Categorías prioritarias: El plan persigue a ciudadanos naturalizados bajo sospecha de representar peligros para la seguridad nacional, ocultar abusos sexuales de menores, crímenes de guerra o haber cometido delitos graves no declarados en los formularios oficiales de elegibilidad.
- Reasignación interna de fiscales: Ante el cuello de botella que enfrentan las fiscalías federales, el DOJ comenzó a desviar abogados litigantes de las divisiones de fraude civil ordinario y funcionarios de designación política para engrosar la unidad de revocación, compuesta originalmente por apenas 12 profesionales.
- El estatus posterior: En caso de que el Gobierno demuestre un fraude con «evidencia clara y convincente» ante un juez federal, el afectado pierde el pasaporte estadounidense y regresa de manera automática a su estatus migratorio previo (generalmente, el de residente permanente), quedando expuesto a un proceso inmediato de deportación si el delito base lo justifica.
El endurecimiento de los controles sobre los casi 8 millones de extranjeros naturalizados en la última década coincide con la pulseada que el Ejecutivo mantiene en el ámbito judicial. En paralelo a las demandas por fraude documental, el Gobierno espera un fallo clave de la Corte Suprema de Justicia tras intentar, mediante orden ejecutiva, suprimir el derecho constitucional a la ciudadanía automática por nacimiento (birthright citizenship). Aunque especialistas en derecho constitucional advierten que los tiempos y las garantías formales de los tribunales federales actuarán como un freno natural para las desnaturalizaciones masivas, los abogados de la gestión actual mantienen la presión sobre el personal de carrera para llevar a juicio cualquier expediente técnicamente defendible.
El Departamento de Justicia prevé iniciar 250 juicios de revocación de ciudadanía antes del cie
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