La Fiscalía de Delitos Complejos de Córdoba elevó a juicio la causa contra un matrimonio y sus dos hijos, acusados de liderar una asociación ilícita dedicada a la venta de viviendas prefabricadas que nunca eran entregadas. Los delincuentes operaban bajo tres razones sociales distintas en la Capital provincial, recaudando millones de pesos de damnificados a los que captaban mediante agresivas campañas publicitarias en redes sociales.
El negocio de las viviendas prefabricadas y las falsas promesas habitacionales vuelve a sentar en el banquillo de los acusados a un clan delictivo familiar. Este martes 23 de junio de 2026, la Justicia de Córdoba confirmó la elevación a juicio de una causa que tiene como principales imputados a un matrimonio y sus dos hijos, sindicados como los responsables de estructurar una red de estafas reiteradas que damnificó de forma directa a 22 familias cordobesas. El grupo operaba mediante la simulación de solvencia empresarial para comercializar inmuebles que jamás pasaban de la etapa de los planos.
La investigación penal, desarrollada de forma minuciosa por los cuerpos técnicos tribunalicios, determinó que la banda familiar utilizaba tres firmas comerciales falsas o «fantasmas» para diversificar sus maniobras y evadir los reclamos: «Constructora del Centro», «Viviendas Córdoba» y «Módulos Habitacionales S.A.». El modus operandi consistía en captar clientes de sectores medios y trabajadores a través de anuncios patrocinados en plataformas digitales, ofreciendo planes de financiación en cuotas fijas sumamente accesibles y entregas pactadas a corto plazo que resultaban ser un engaño absoluto.
«Estamos ante una matriz delictiva familiar organizada, donde cada miembro cumplía un rol específico: desde la firma de los contratos comerciales hasta el cobro de los anticipos financieros, consolidando un perjuicio económico millonario para las víctimas que depositaron allí sus ahorros de toda la vida». — Dictamen acusatorio de los juzgados intervinientes tras convalidar la elevación a juicio del expediente.
El expediente técnico describe las maniobras económicas y los roles que desempeñaba la organización delictiva para consumar las maniobras defraudatorias en la provincia:
- Captación y contratos leoninos: Las víctimas eran citadas en oficinas céntricas alquiladas de forma temporal donde se exhibían catálogos modernos. Allí se les exigía un anticipo en efectivo de entre el 30% y el 40% del valor total de la estructura para dar inicio a la supuesta fabricación del módulo.
- El mecanismo de la evasión: Una vez que los damnificados abonaban las sumas iniciales o pagaban las primeras cuotas, los acusados comenzaban a dilatar los plazos argumentando problemas de logística o falta de insumos, para luego cerrar las oficinas de atención, cambiar sus líneas telefónicas y reabrir el negocio bajo un nombre comercial diferente.
- Elevación a juicio firme: El clan familiar llegará al debate oral procesado bajo los delitos de asociación ilícita en calidad de organizadores y coautores de estafa continuada. La fiscalía logró unificar las 22 denuncias tras cruzar las cuentas bancarias donde se desviaban los fondos obtenidos de manera fraudulenta.
Las defensas de los imputados intentaron interponer recursos de oposición argumentando que se trataba de meros «incumplimientos contractuales comerciales» derivados de la crisis económica del sector. Sin embargo, los magistrados rechazaron de forma unánime los planteos al comprobarse el dolo y la puesta en escena orquestada de antemano por los cuatro familiares para generar el engaño. El juicio, que se desarrollará en las cámaras del crimen de los Tribunales de Córdoba en los próximos meses, buscará fijar las condenas de prisión efectiva y activar mecanismos de reparación económica mediante el embargo de los bienes que la familia adquirió con el dinero de las estafas.
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