El femicidio desató una fuerte ofensiva opositora que exige el juicio político de los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez. La crisis expone las demoras de las unidades judiciales, reaviva la interna del Ministerio Público Fiscal y cuestiona los millonarios nombramientos políticos en plena conmoción social.
La resolución del crimen de la adolescente de 14 años desbordó la agenda de seguridad ciudadana para transformarse en una crisis de proporciones institucionales que golpea el corazón del diseño judicial del gobernador Martín Llaryora. Tras la confirmación del hallazgo del cuerpo, la narrativa oficialista que buscaba focalizar el éxito en el despliegue de los rastrillajes se desmoronó ante el generalizado repudio público. Los cuestionamientos escalaron de forma directa hacia el Ministerio Público Fiscal (MPF) por las demoras iniciales al momento de receptar la denuncia de la madre y por la polémica sobreexposición del fiscal de la causa, Raúl Garzón, cuya reciente conferencia de prensa fue tildada de autocelebratoria y egocéntrica por diversos estamentos de Tribunales.
La oposición legislativa unificó posiciones para avanzar con pedidos de jury de enjuiciamiento y destitución tanto contra Garzón como contra el fiscal Iván Rodríguez. A este último se lo responsabiliza directamente por haber liberado en 2025 al imputado Claudio Barrelier tras una denuncia por un ataque de idénticas características, negligencia procesal que le permitió al acusado continuar en libertad y cometer el posterior femicidio. La polémica se profundiza debido a que, en medio de esta tempestad política, Rodríguez se apresta a asumir de forma vitalicia el cargo de adjunto en la Procuración Penitenciaria con un sueldo de 15 millones de pesos mensuales, acompañado por Melani Mattía, esposa del juez de control que elevó a juicio la causa del Hospital Neonatal, consolidando suspicacias sobre una red de contención recíproca con el peronismo cordobesista.
La figura de Garzón condensa un fuerte historial como presunto garante del statu quo político local, habiendo instruido en los últimos 13 años las causas de mayor voltaje institucional de la provincia, tales como el acuartelamiento policial de 2013, el asalto comando a jueces en barrio Cofico y la muerte de bebés sanos en el Hospital Materno Neonatal. En este último expediente, la actuación del fiscal culminó con la condena de la enfermera Brenda Agüero pero con la absolución de Diego Cardozo, el exministro de Salud de Juan Schiaretti, sembrando dudas sobre su voluntad para avanzar hacia las terminales del poder. Mientras el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Domingo Sesín, intenta matizar el desplome de la imagen pública judicial atribuyéndolo a campañas de prensa, las encuestas reflejan un histórico divorcio entre la ciudadanía y un fuero penal cercado por la falta de perspectiva de género.
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