Un informe técnico del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) revela que la provincia mediterránea alcanza las 376,9 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes, superando ampliamente la media nacional de 258 detenidos. El organismo encendió las alarmas por un crecimiento interanual del 13% en la población penal y el uso desmedido de las prisiones preventivas.
El estado de los establecimientos penitenciarios en Argentina atraviesa una situación crítica de saturación estructural. De acuerdo con el último informe especializado presentado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), titulado «La privación de la libertad en establecimientos penitenciarios en datos», la provincia de Córdoba se consolidó en el primer puesto del ranking nacional en términos de densidad carcelaria, registrando una tasa de encarcelamiento de 376,9 personas bajo encierro cada 100.000 habitantes.
Los indicadores provinciales exponen una profunda brecha al ser contrastados con el promedio general del país, que se ubica en 258 detenidos por cada 100.000 habitantes (un registro que ya representa un máximo histórico para la media nacional). Detrás del distrito cordobés completan los primeros puestos de la estadística las provincias de Mendoza (308), Buenos Aires (305), Salta (287) y Santa Fe (286).
Crecimiento acelerado y la problemática de las detenciones sin condena
La velocidad con la que se incrementa el ingreso de internos en los complejos carcelarios locales representa uno de los puntos de mayor preocupación para los especialistas en materia de derechos humanos y criminología:
- Ritmo de ingresos anuales: La población carcelaria total en territorio cordobés escaló hasta alcanzar los 14.736 individuos, lo que posiciona a la jurisdicción como la segunda del país con mayor cantidad neta de reclusos, ubicándose únicamente por detrás de la provincia de Buenos Aires.
- Evolución interanual: Desde el CNPT advirtieron que la tasa de encierro local se expande a un ritmo constante del 13% anual, lo que equivale a la incorporación neta de aproximadamente 2.000 personas por año dentro de las estructuras del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC).
- El factor de la prisión preventiva: El relevamiento oficial detectó que más de la mitad de la población total alojada en las prisiones cordobesas se encuentra privada de su libertad bajo el régimen de prisión preventiva, es decir, bajo detención temporal a la espera de un juicio y sin contar con una condena firme dictada por el Poder Judicial.
«El conjunto de los sistemas penitenciarios a nivel nacional funciona al 130,2% de su capacidad real de alojamiento. Esto significa que hoy en el país hay un promedio de 130 personas asignadas en espacios de infraestructura planificados originalmente para albergar a 100». — Diagnóstico general de capacidad de infraestructura incluido en las conclusiones del CNPT.
Representantes del organismo nacional manifestaron que el agravamiento progresivo de las condiciones de hacinamiento responde en gran medida a la implementación de reformas legislativas de carácter regresivo en materia penal, la restricción para el otorgamiento de excarcelaciones condicionales y un abuso de los plazos en las medidas de coerción procesal por parte de los operadores judiciales.
De igual forma, desde los comités de prevención señalaron que la estrategia recurrente orientada de manera exclusiva a la construcción de nuevas plazas carcelarias o a la ampliación edilicia resulta insuficiente para revertir la sobrepoblación si no se revisan de fondo los criterios de selectividad penal, el uso de herramientas alternativas de monitoreo (como las tobilleras electrónicas) y las deficiencias presupuestarias crónicas en las políticas públicas de reinserción social y abordaje de la salud mental.
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