La presidenta interina, Delcy Rodríguez, confirmó la magnitud del desastre tras los sismos de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter que colapsaron edificios en La Guaira y Caracas. Se trata de los peores temblores en más de un siglo en el país caribeño. Las autoridades ordenaron el cierre del principal aeropuerto, la suspensión de los servicios de gas y metro, y se activó un masivo operativo de asistencia internacional.
Una catástrofe de dimensiones históricas sacude al pueblo venezolano y mantiene en vilo a toda la región. Este jueves 25 de junio de 2026, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó en un reporte oficial que al menos 164 personas perdieron la vida y otras 971 resultaron heridas como consecuencia de dos potentes y sucesivos terremotos que azotaron el norte del país durante la tarde del miércoles. Los sismos provocaron el colapso de decenas de infraestructuras residenciales y estatales, concentrándose los peores escenarios de destrucción en el estado costero de La Guaira y en la región de Caracas, donde las brigadas civiles remueven escombros contra reloj en busca de sobrevivientes.
De acuerdo con los datos técnicos proporcionados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el primer movimiento telúrico se registró poco después de las 18:00 horas con una magnitud de 7,2 y epicentro al oeste de la localidad de Morón (a 168 kilómetros de la capital). Apenas un minuto más tarde, un segundo sismo de magnitud 7,5 terminó por devastar las estructuras edilicias ya resentidas. La violencia del fenómeno —catalogado como el terremoto más severo en la historia de Venezuela en más de cien años— fue de tal magnitud que sus réplicas se sintieron con nitidez en la Amazonía brasileña, a unos 1.700 kilómetros de Caracas, forzando evacuaciones preventivas en múltiples ciudades fronterizas.
«Estamos realizando labores arduas de rescate para salvar vidas bajo las estructuras colapsadas. Venezuela recibirá brigadas de ayuda humanitaria y rescatistas internacionales de Estados Unidos, El Salvador, República Dominicana, México y China para contener esta emergencia sin precedentes». — Declaración pública de la presidenta interina Delcy Rodríguez al decretar el estado de catástrofe nacional.
El gobierno interino desplegó un plan de contingencia civil y dictó severas medidas de restricción urbana para resguardar la seguridad de la población civil:
- Parálisis de transporte y servicios: El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, la principal terminal aérea del país, debió ser cerrado de forma total tras registrar serias fracturas edilicias. Asimismo, en la capital se suspendieron por completo las líneas de subterráneo y la red de suministro de gas natural por redes para prevenir explosiones en cadena por rotura de cañerías.
- Escuelas como refugios comunitarios: Las clases en todos los niveles educativos fueron suspendidas por tiempo indeterminado. Los edificios de escuelas y colegios públicos que pasaron los controles estructurales comenzaron a ser acondicionados como centros de evacuación, refugios temporales y sedes para la recepción de donaciones y alimentos.
- Falcón bajo alerta extrema: En el estado costero de Falcón, el gobernador Víctor Clark constató que al menos 32 personas ingresaron con heridas complejas a los centros de salud regionales y denunció que permanecen equipos especiales de rescate intentando liberar a unas 15 personas atrapadas bajo los techos de una estructura comercial que cedió por completo.
La gravedad de la coyuntura humanitaria motivó una inmediata reacción solidaria global. El subsecretario de Estado de EE.UU. para ayuda exterior, Jeremy P. Lewin, anunció la movilización de recursos técnicos y financieros de urgencia para coordinar los envíos en el terreno, en una iniciativa a la que se plegaron de forma inmediata los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador, Panamá y Uruguay. En tanto, Rodríguez instó a todos los médicos, enfermeros y profesionales de la salud del país a presentarse de manera voluntaria en los hospitales periféricos para colaborar con la atención de las víctimas, solicitando a los ciudadanos canalizar los reportes de derrumbes a través de las plataformas digitales oficiales y mantener la calma ante la probabilidad de nuevas réplicas sísmicas.
