El presidente de la Cámara de la Construcción de Córdoba, Horacio Berra, denunció que considerar la obra pública como un «gasto corriente» y no como inversión es un grave error conceptual que costará miles de millones de dólares. Mientras la parálisis nacional deteriora rutas y el dragado del río Paraná, el dirigente diferenció el «modelo cordobés», donde la obra pública provincial activa permitió subir el empleo sectorial un 12% en el último año.
La búsqueda del superávit fiscal por parte del Gobierno nacional genera lecturas contrapuestas en el sector productivo real. Este jueves 25 de junio de 2026, la delegación cordobesa de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) encendió alarmas al advertir sobre la existencia de un «déficit oculto» detrás del promocionado déficit cero de la Casa Rosada. A pesar de que los últimos indicadores del INDEC mostraron un leve alivio con un crecimiento interanual del 2,5% en la actividad constructora global, las pymes locales señalaron que el retiro absoluto del Estado nacional en el mantenimiento de las redes viales y fluviales está incubando un sobrecosto logístico destructivo para la competitividad del interior.
En el plano macroeconómico, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó el rumbo de la apertura comercial al asegurar que «ya no existen cepos ni autorizaciones previas y hay dólares para todos». Sin embargo, el diagnóstico del presidente de Camarco Córdoba, Horacio Berra, expone una brecha profunda entre la especulación financiera y la realidad de los obradores. Desde la entidad estiman que la desinversión en infraestructura a nivel país ronda los 20.000 millones de dólares anuales, un bache que el plan de privatización de rutas nacionales propuesto por el presidente Javier Milei aún no logra compensar con flujo privado.
«Es un concepto muy cerrado y cruel considerar una inversión en infraestructura de largo plazo como si fuera un gasto corriente que se puede amortizar en un solo año contable. Si la infraestructura no se mantiene, llega un momento en que ya no alcanza con repararla: hay que reconstruirla por completo». — Horacio Berra, titular de Camarco Córdoba, cuestionando el enfoque fiscalista de la Nación.
El análisis de la cámara empresaria desglosa el impacto de las políticas desregulatorias y resalta la fisonomía de la provincia como un distrito de resistencia laboral:
- La excepción cordobesa: En marcado contraste con el freno de la obra nacional, Córdoba registró una suba del 12% en la mano de obra constructora durante el último año. Berra explicó que la inversión directa del Centro Cívico amortiguó el parate nacional mediante proyectos activos como la continuidad de los trabajos en la Ruta Nacional 19, la Circunvalación de Río Cuarto, la Ruta Nacional 158 y la edificación de las nuevas sedes de las universidades provinciales.
- Propuestas financieras cajoneadas: Camarco diseñó alternativas de financiamiento que arrastran el silencio de la Nación. Entre ellas, un esquema con la Comisión Nacional de Valores (CNV) para emitir certificados de obra negociables en la Bolsa de Comercio y una iniciativa privada para que las empresas terminen a costo propio las viviendas sociales inconclusas de Nación para luego comercializarlas, propuestas que por ahora no obtuvieron respuesta de los equipos de Javier Milei.
- Costos, dólar e importaciones: Aunque las recientes oscilaciones del dólar no se trasladaron a los materiales debido a que la recesión obliga a los proveedores a congelar precios para retener ventas, el sector mira con suma preocupación el cinturón industrial cordobés. Berra alertó que el ingreso desregulado de insumos de China y el sudeste asiático configura una «competencia desleal» que golpea a las terminales automotrices y autopartistas locales, frenando cualquier inversión en ampliaciones edilicias fabriles.
Respecto a la reforma laboral vigente, el titular de la constructora cordobesa aclaró que el impacto directo en las planillas del rubro es nulo, ya que la actividad se rige desde hace décadas por el fondo de cese laboral de la Ley 22.250. No obstante, valoró la flexibilización para el universo pyme general al señalar que evitará «relaciones tóxicas» y contingencias judiciales que obligan a los pequeños talleres a cerrar sus puertas, aunque concluyó de forma tajante que ninguna ley laboral hará milagros si el Gobierno nacional no genera condiciones reales de reactivación en la economía real.
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