El intendente y el Concejo Deliberante unificaron un documento de adhesión para mitigar el costo político tras los 102 femicidios del año. Sin embargo, la marcha de 5.000 personas hacia Tribunales terminó con duras consignas contra el Ejecutivo por el cierre de los partos en la Maternidad Kowalk.
El undécimo aniversario de la movilización de la Confech y las organizaciones sociales en el Imperio del Sur se transformó en un complejo escenario de disputa e interpelación hacia la dirigencia política. En una maniobra de control de daños ante el generalizado malestar social, el intendente Guillermo De Rivas y los 19 miembros del Concejo Deliberante emitieron una adhesión unánime en la que reclamaron «autocrítica» a los estamentos estatales y ratificaron la responsabilidad presupuestaria en materia de género. El posicionamiento oficial buscó amortiguar el impacto de un dato escalofriante aportado por la propia Subsecretaría de Género municipal, que conduce Cynthia Bochetto, al confirmar que en lo que va del período fiscal 2026 ya se consumaron 102 femicidios a nivel nacional, una estadística que asfixia las narrativas de contención de la provincia.
Pese a la calculada estrategia de la gestión de Hacemos Unidos por Córdoba de enviar a sus funcionarias y concejales (como Ana Medina y Leandro Carpintero) a marchar con bajo perfil, las columnas de izquierda y las asambleas feministas impusieron una agenda de severa impugnación al oficialismo. El documento final leído en las escalinatas de los Tribunales de Río Cuarto no solo exigió un jury por las fallas del Poder Judicial en el caso local de Lucía Máñez, sino que golpeó de lleno la política de salud de De Rivas por la reconversión de la Maternidad Kowalk. El colectivo organizador acusó al director médico Diego Cagnolatti de precarizar la atención de las infancias al eliminar el servicio de partos para centralizarlos en el Hospital San Antonio de Padua, transformando una jornada de luto federal en una flagrante factura política contra el municipio.
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