A través del decreto 405/2026, el Palacio de Hacienda difirió hasta el 1º de julio la aplicación plena de los tributos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. La medida busca evitar que el crudo a u$s100 por la guerra en Medio Oriente se traslade de forma directa a las naftas y los costos de transporte.
El Palacio de Hacienda decidió intervenir de forma directa sobre la estructura de precios de los recursos energéticos para evitar un rebrote en el índice de precios al consumidor. Por medio del Decreto 405/2026 publicado este lunes 1º de junio en el Boletín Oficial, la administración nacional dispuso una nueva prórroga para la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono. Con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, la normativa extiende el diferimiento impositivo hasta el próximo 30 de junio, lo que significa que los aumentos pendientes correspondientes a los períodos fiscales de 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026 recién comenzarán a impactar en las pizarras de las estaciones de servicio a partir del 1º de julio.
La resolución oficial del Ejecutivo funciona como un mecanismo de amortiguación frente al complejo escenario geopolítico internacional, donde el valor del petróleo Brent se mantiene en niveles cercanos a los u$s100 por barril debido al recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente. En los considerandos de la medida, el Gobierno argumentó que la postergación de estos tributos —cuya recaudación y fiscalización se encuentra bajo la órbita de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)— resulta indispensable para asegurar un sendero fiscal sostenible sin asfixiar la actividad económica. Al congelar transitoriamente la carga impositiva sobre la nafta súper, premium y el gasoil, el Palacio de Hacienda busca impedir un encarecimiento generalizado en las tarifas de fletes, logística y transporte de pasajeros, rubros con alta capacidad de propagar aumentos hacia la canasta básica de alimentos.
