Los prestadores de salud de la mayor obra social del país iniciaron una medida de fuerza por 72 horas en reclamo de una recomposición arancelaria urgente. La protesta surge como respuesta a la propuesta de un nuevo modelo de pago que, según denuncian, desfinancia el sistema sanitario y precariza la atención médica de los afiliados.
Desde este lunes, clínicas y centros de diagnóstico de todo el país mantienen un esquema de atención reducida, garantizando únicamente las guardias y urgencias. El conflicto central radica en la intención de las autoridades de implementar un pago fijo por paciente que no contempla la complejidad ni la frecuencia de las consultas, lo que obligaría a los profesionales a trabajar por debajo de los costos operativos básicos.
El sector advierte que el valor que se pretende abonar por afiliado resulta irrisorio ante la inflación en insumos y medicamentos. Según los prestadores, este esquema de «pago por cápita» sin variables de ajuste condena a los jubilados a listas de espera más largas y a una menor disponibilidad de especialistas, profundizando una crisis que ya afecta la calidad de vida de la tercera edad.
El cese de actividades se extenderá hasta el miércoles inclusive, a la espera de un llamado al diálogo que permita revisar las condiciones contractuales. Las cámaras que agrupan a los prestadores sostienen que el sistema actual es insostenible y que el ajuste propuesto por el PAMI solo agrava el vaciamiento del sistema de salud privado que atiende a los pasivos.
Acerca del autor
