El Gobierno de Córdoba analiza un nuevo recorte en el gasto público debido al deterioro constante de los recursos que llegan desde la Nación. Durante el primer cuatrimestre de 2026, las transferencias automáticas por coparticipación sufrieron una caída real del 6,6%. Abril marcó el noveno mes consecutivo en el que el envío de fondos no logra superar a la inflación, lo que obliga a revisar las partidas de todos los ministerios.
A pesar de que en términos nominales la provincia recibió $1,80 billones (un 23,9% más que en 2025), el ajuste por precios revela que el poder de compra de esos recursos es menor. Esta situación impacta directamente en el plan de gestión de Martín Llaryora, quien ya ha puesto bajo la lupa áreas sensibles como la obra pública y la infraestructura, pilares del presupuesto provincial que hoy enfrentan restricciones crecientes.
La clave para definir la profundidad del ajuste en lo que resta del año estará en la recaudación del Impuesto a las Ganancias durante el mes de mayo. Entre el 13 y el 15 de este mes, las empresas liquidarán saldos y anticipos, lo que podría inyectar entre $120.000 y $210.000 millones a las arcas provinciales. Si este ingreso no repunta, confirmará la consolidación de la recesión económica y obligará al Ejecutivo a recalcular el gasto total previsto para este año, que ya quedó desactualizado frente a la inflación.
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